LEÓN, GTO. A 03 DE MARZO DE 2021.- Más de cien días han transcurrido desde el incidente que dejó sin vida a cinco trabajadores del Módulo de Desbaste del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), sin que los familiares que les sobrevivan tengan certeza de las causas y responsables de las muertes.
Con asesoría de un experto forense, se ha evidenciado que además de las presuntas negligencias operativas al interior de la planta, personal pericial de la Fiscalía General del Estado actuó con descuido desde el levantamiento de los cuerpos.
Según datos extraídos del dictamen pericial de Víctor Briseño, ingeniero químico fallecido en el incidente del 13 de noviembre de 2020, su cuerpo fue levantado y embalado por el chofer del anfiteatro. Al lugar de los hechos no acudió el fiscal investigador ni el médico legista que elaboró y firmó el dictamen, identificado como Alejandro Estrada Campos.
Enrique Pérez Ramos, Doctor en Ciencias Forenses, presumió que el proceso se repitió de manera errónea en las cinco víctimas.
“Desde el levantamiento del cadáver, es el primer punto estrella de esto, ¿quién hizo el levantamiento? (…) Dicen los cánones que el levantamiento es la parte central de una investigación de esta índole, ¿y quién debe de realizarla? El perito médico legista”, afirmó.
Según el dictamen, las muertes de Víctor Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera derivaron de una “intoxicación de origen indeterminado”.
Ante ello Pérez Ramos advirtió que los responsables del dictamen evadieron pasos esenciales para identificar las sustancias en los cuerpos y pertenencias de las cinco víctimas, y con ironía señaló que no hay ninguna posibilidad de determinar sustancias tóxicas a simple vista.
“Casi cuatro meses después no hay causa de muerte, no hicieron muestras de tejido, todo lo que es el aparato digestivo, humor vítreo -gel que le da forma a los ojos-, pertenencias personales (…) son indicios que se deben de obtener en casos de intoxicación y aquí no mencionan nada”.
El médico sentenció que la ausencia de estos detalles ha dificultado la impartición de justicia, pues aunque el dictamen determina que todas las vías respiratorias de Víctir Briseño se encontraban en condiciones congestivas, la causa de intoxicación nunca fue determinada.
SAPAL de deslinda
Según testimonios de los familiares, desde las primeras horas que siguieron al incidente en el Módulo de Desbaste, el equipo legal de SAPAL ha intentado disuadirles de demandar a la paramunicipal. Con cantidades raquíticas que equivalen a un despido y no a una indemnización, que oscilan entre los 30 mil y 50 mil pesos, el presidente de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, y el director Enrique de Haro Maldonado, pretenden compensar la pérdida de cinco de sus colaboradores.
Víctor Briseño, padre de Víctor Ricardo, narró cómo un hombre identificado como Gregorio esperó a las familias durante la madrugada del 14 de noviembre con una carpeta por cada víctima, en las que se les hizo firmar un compromiso de no demandar a SAPAL.
Sin embargo, la poca movilización de las autoridades por esclarecer el incidente, orillaron a las familias Briseño Rangel, Silva Zúñiga y Afanador Martínez decidieron romper el silencio.
“Cuando vamos a sapal para pedir una aclaración después de 40 días que nos citan por primera vez, lo único que me dicen del finiquito, que ellos le dicen indemnización, me daban nada más lo laboral, me daban sus días de vacaciones, su caja de ahorro y los 6 años y 7 meses que había trabajado mi hijo”, explica Víctor.
Milagros, viuda de José Salvador, quien originalmente laboraba en la planta de León I, ha sido presionada para aceptar la cantidad de 50 mil 900 pesos, que no toma en cuenta el seguro de vida de los trabajadores fallecidos.
Para la joven mujer, es inaceptable que la paramunicipal pretenda finiquitar a los trabajadores fallecidos por una presunta negligencia, y recuerda cómo el uniforme de José Salvador impregnaba su vivienda de olores químicos cuando llegaba de trabajar.
“Mi esposo me contó que como no tenían nada qué hacer (en León I) los iban a mandar a la planta municipal. Me dijo que tenía mucho miedo, porque se hablaba de muertes anteriores en esa planta, lo único que yo le decía era que se cuidara, pero le tocó a él, los echaron al matadero”.
Muertes que pudieron evitarse
Desde agosto de 2020, la organización Acción Colectiva Socioambiental hizo públicas irregularidades detectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y su Módulo de Desbaste, mismas que concluyeron en denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
En aquella fecha, la empresa que operaba la planta aceptó los señalamientos, pero responsabilizó a la empresa curtidora y a la propia paramunicipal de permitir el envío de aguas residuales con altos niveles de sustancias tóxicas.
«A partir de 2014 se detectó la problemática que se ha venido arrastrando hasta la fecha, consistente en la entrega por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) de aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas, integrándose en éstas, arenas, basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, que han perjudicado el equipo mecánico, eléctrico y de proceso de la infraestructura de tratamiento, incluyéndose al propio colector que conduce las aguas residuales (…) ECOSYS III ha hecho del conocimiento del Sapal la problemática señalada, mediante comunicaciones y avisos de daños causados, que de igual forma, se han entregado al Comité Técnico para la Vigilancia y Evaluación de los Trabajos y Servicios del Sapal, habiendo existido, hasta la fecha, una falta de atención de los mismos”, explica el comunicado.
A finales de septiembre de 2020, la paramunicipal tomó las riendas de la Planta de Tratamiento y el Módulo de Desbaste, ignorando a todas luces las advertencias de organizaciones y la ex operadora Ecossys III.
El fallecido Víctor Rafael, documentó con fotografías y comunicó a sus superiores a través de Whatsapp de fallas e irregularidades en la planta días antes de perder la vida. Sin embargo, esta evidencia no fue tomada en cuenta por la Fiscalía por no haber sido presentada por vías institucionales.
“Les mostré fotos de lo que estaba pasando adentro de la planta, mi hijo tenía cinco días reclamandoles que había sobras de ácido sulfúrico, que las tuberías estaban a punto de romperse, que tenían que cerrar válvulas y ellos (SAPAL) los mandaron a hacer mantenimiento sin ninguna protección”, denuncia su padre, Víctor Briseño.
En los próximos días, Acción Colectiva Socioambiental, incorporará a las denuncias ya presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) toda la información disponible sobre los hechos ocurridos el 13 de noviembre pasado en el Módulo de Desbaste de la industria curtidora, a la espera de que estos órganos desconcentrados tengan conocimiento de los actos y omisiones que pudieron provocar las muertes de los cinco trabajadores.
