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COLUMNISTAS

Verónica Espinosa

Candil de la calle

@veroespinosav
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Un año sin ellos

María Fernanda Meneses, de 21 años; Elías Ascary Marún Plascencia, de 22; Marcela Villarreal Segura, de 23 y Kattya Valentina Muñoz Muñoz, de 22 años, no fueron a su graduación en la Universidad La Salle el año pasado.

Los cuatro, estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico en esa universidad, en León.

Hace un año, que se cumplió este 18 de marzo, los cuatro amigos dormían en habitaciones de una casa en el bario de Tepetapa en la ciudad de Guanajuato a donde habían viajado para disfrutar del “puente” con motivo del Natalicio de Benito Juárez.

Una casa que encontraron ofertada en la plataforma Airbnb de hospedajes, ubicada entre Tepetapa y Banqueta Alta, hacia Los Pastitos.

Un poco antes de las 7 de la mañana vino la explosión. Una fuga y concentración de gas se convirtió en fuego, un chispazo le habría bastado.

Los cuatro sufrieron quemaduras en extremo graves.

Tres de ellos fueron trasladados al Hospital de cuidados críticos

(quemaduras) en Salamanca, debido a la enorme superficie corporal e interna

dañada por el incendio.

Cinco días después de la explosión, el 23 de marzo, falleció María Fernanda. Le decían Mafer; era originaria de Acapulco y se había mudado a León junto con su mamá y su hermana para estudiar. Tenía quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo.

El 25 de marzo murió Elías Ascary, nacido en San Francisco del Rincón, apasionado de la fotografía. Sus quemaduras alcanzaron el 80 por ciento de su cuerpo.

El 26 de marzo, Marcela también perdió la vida. Sufrió quemaduras de segundo grado en el 70 por ciento del cuerpo. Era originaria de Saltillo y estaba por cumplir los 24 años.

Kattya, originaria de León y única sobreviviente, apareció hace poco en una revista con cicatrices que le causaron las quemaduras en el 55 por ciento de su cuerpo y su agradecimiento por estar viva.

La casa de Tepetapa fue restaurada.

Ninguna vida lo fue.

En un principio, representantes de Airbnb se pusieron en contacto con familiares de los jóvenes y mostraron disposición para asumir gastos  responsabilidades.

Pero un año después, ni los dueños de la casa ni la plataforma Airbnb, han dado un peso a familiares de los tres jóvenes fallecidos o a la sobreviviente.

Ni como (intento de) reparación del daño, ni como sanción, ni como seguro por accidentes o siniestros, ni como compensación, ni como nada.

A fines de enero, los padres de dos de los jóvenes fallecidos se reuniero con diputados del Congreso del Estado, que prometieron ser gestores ante instancias que llevan los procesos para obligar a ambos (propietarios y plataforma de hospedaje) a responder o a ser sancionados.

Una de las voces que desde el Legislativo asumió ese compromiso y recibió a los deudos fue el diputado panista Miguel Salim Alle.

En el discurso, se ha empujado una ley para regular este tipo de hospedajes.

En los hechos, para estas familias tampoco ha servido “la gestión”.

Familias que piden justicia o exigen modificaciones reglamentarias y “dientes” para que esto no vuelva a pasar.

Familias que han pasado un año sin ellos.

Que no se nos olvide.

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