Candil de la Calle.
Cuerámaro: todos somos terroristas
Al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la llovizna se le va convirtiendo en aguacero y las sugerencias, en reclamos cada vez más apremiantes: que resuelva ya la crisis de inseguridad. Que tome medidas. Que haga los cambios necesarios. Que exija resultados en calidad de urgentes.
Lo malo es que, en lugar de respuestas surgidas desde el sentido común -cuya escasez en la clase gobernante y sus asesores está probada ampliamente- surge lo que parecen intentos desesperados por demostrar autoridad, capacidad de gobernar, “mano dura”.
En este río revuelto que es la violencia desmesurada, el gobernador se confunde, o atiende a pie juntillas las recomendaciones que le dan quienes evidentemente han fallado en sus propias obligaciones, o de verdad cree que en Cuerámaro, como en Guanajuato, todos somos terroristas y todos somos criminales.
Cada día en que creemos que no ocurrirá algo más sinsentido que ayer, el desafío criminal hacia la autoridad cobra una víctima o varias de manera más brutal. Y resulta que en este estado donde el miedo se infunde así cada día, cualquier víctima de delito puede ser delincuente y cualquier indignado que participa en una protesta social, un terrorista.
A fines de noviembre, enardecidos como se puede estar, un grupo de familiares, amigos, vecinos, conocidos y conciudadanos de cuatro adolescentes atropelladas intencionalmente y asesinadas por otro menor de edad en Cuerámaro salieron a las calles a reclamar justicia.
Es una historia de la que se ha publicado ampliamente, pero al parecer no lo suficiente como para que el gobernador entienda con peras y manzanas la diferencia entre un acto terrorista y el reclamo por la liberación del menor responsable de la muerte de estas cuatro jovencitas de entre 13 y 16 años, dos de ellas hermanas.
Para entenderlo un poco más: en la lista de quienes han sido acusados de terrorismo por la Fiscalía general del estado figuraron, hasta el año pasado, personas que estuvieron implicadas en colgar mantas con supuestos mensajes de grupos criminales; en lanzar artefactos explosivos en negocios de municipios como Abasolo, y un supuesto jefe de plaza de un cártel del narcotráfico involucrado en ataques contra el Ejército.
Pero después, la mira de las autoridades estatales -los poderes Ejecutivo y Judicial- para aplicar este tipo penal con tan amplia definición e implicaciones, fue puesta en otro ámbito: la agitación social.
Treinta personas fueron detenidas, acusadas, procesadas y sentenciadas por participar en una protesta en la plaza principal de Jerécuaro, en la que quemaron varios vehículos. La Fiscalía argumentó que fueron llevadas y pagadas para infundir terror en la población de Jerécuaro, causar daños, actuar a nombre de algún grupo criminal; la autoría intelectual la desconocemos porque se detuvo y se enjuició a los que fueron pagados, no al que presuntamente pagó.
Ahora, como se sabe, aquéllos manifestantes en Cuerámaro son procesados por el mismo delito, de la misma manera, con el mismo rasero y la misma vara que aquéllos.
En este tema, el gobernador ha dedicado más palabras, declaraciones rotundas, advertencias y algún ultimátum, la protesta del grupo de cueramarenses que el hecho que originó la protesta. Que las familias dañadas. Que las jóvenes víctimas.
Frente a la protesta, no frente a la muerte de estas cuatro adolescentes atropelladas por otro menor, el gobernador ha asumido una postura que desafía toda lógica, fuera de toda proporción y ausente de la mínima empatía con las familias de las menores Rosa Isela, Zicry Inahí, Juana Michel y María Teresa.
La hermana de María Teresa y su esposo forman parte del grupo de personas detenida tras la protesta, en la que la furiosa multitud causó daños -sí, daños materiales- a la casa donde vivía el menor responsable y de la alcaldesa Ana Bueno, panista, del mismo partido del gobernador.
La hermana de la menor asesinada y su cuñado son ahora presuntos terroristas, según la Fiscalía general del estado, según un juez del Supremo Tribunal, según el gobernador, por causar daños materiales en su coraje ante la absurda liberación del menor responsable, Juan de Dios.
Por supuesto, Juan de Dios está desaparecido. Él no ha sido localizado por las autoridades para que comparezca por la muerte de las cuatro menores. Su padre, un conocido profesor director de una escuela primaria, lo ocultó. De eso no habla el gobernador, eso no le indigna, eso no le parece injustificable.
Hay quienes aseguran que recibió un rápido apoyo gestor del SNTE para obtener una jubilación o una pensión anticipada y una cantidad de dinero suficiente para salir de Cuerámaro.
La omisión de una autoridad es sólo eso; la protesta por cuatro asesinatos es un acto que merece un castigo ejemplar, que -de paso- inspire temor a cualquier otro grupo de indignados que se atrevan a exigir justicia por la causa más genuina que sea. ¿Qué mejor que aplicarles el tipo penal que se aplicó a quienes colgaron mantas del narco, quemaron negocios o encabezaban células delictivas?
Lo hemos visto: los instrumentos de la procuración e impartición de justicia también dan para que parezca lo que no es.