Política panhispánica

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Chispitas de lenguaje

Política panhispánica

En las últimas semanas, en dos diferentes sitios me topé con comentarios sobre las normas del español. En ambos sitios mostraron resistencia a lo que llamaron «imposición de la Real Academia». A pesar de mi aclaración, no terminaron muy convencidos que las actuales pautas no son la visión o la determinación de una sola Academia; son normas colegiadas. Las treinta y tres academias deciden los cambios a la norma, así como las publicaciones (electrónicas y sobre papel). Sin embargo, como la Academia de mayor recursos económicos es la Española (depende directamente de la Corona y posee presupuesto e infraestructura propios), pareciera que es la que decide las políticas lingüísticas.

Es cierto que la primera publicación conjunta fue hasta 1999 con la aparición de la Ortografía. Sin embargo, desde 1951, por iniciativa del entonces presidente mexicano Miguel Alemán, se llevó a cabo el primer congreso de las Academias de la Lengua en la capital de nuestro país. Su propósito fue «poner al servicio de la humanidad esa fuerza de amor y de cohesión espiritual que es el idioma». Esta frase se lee en el portal electrónico de las Asociación de Academias de la Lengua Española, Asale. Tardó 48 años en consolidarse la relación por motivos políticos: la más antigua de las Academias dependía de quien derrocó a la República Española. En México, precisamente, residía el Gobierno republicano en el exilio. Eso complicaba la participación y actividad en las academias.

En 1975, España regresó al régimen monárquico y ello permitió formalizar las relaciones. Desde entonces, la política panhispánica se desenvuelve por cauces mucho más ágiles.

Se reconoce como política panhispánica al trabajo conjunto, colegiado, de las Academias. El prefijo pan- es de origen griego y significa «todo o totalidad». Entonces, esta política integra las decisiones tomadas con afectación de todos los hispanohablantes.

La Ortografía de 1999 ya refleja la conjunción de criterios aplicables a todo el ámbito hispánico. Sin embargo, la experiencia puso de manifiesto una revisión mucho más acuciosa de la normativa lingüística. El primer esfuerzo se reflejó en la publicación en 1985 del Diccionario panhispánico de dudas, DPD (promovido e impulsado por el mexicano José G. Moreno de Alba). Pero esa obra llevó a la convicción que debían revisarse con mayor profundidad las normas. Los trabajos derivaron la Nueva gramática (2009) y la Nueva ortografía (2010).

Lo último que refleja esta voluntad y política panhispánica es el cambio, después de varios siglos, del diccionario oficial de nuestro idioma. Anteriormente se llamaba Diccionario de la Real Academia Española, DRAE. Ahora, desde 2014, se le llama Diccionario de la lengua española, DEL, porque ya no es de una Academia. Llevaba aquel nombre porque fue el trabajo original de los académicos españoles y poco a poco se fue enriqueciendo con la participación de las demás Academias. Pero, con el paso del tiempo, rebasó ese sesgo ibérico.

Regreso a lo que dio origen a este comentario (la resistencia a algunas normas). La negativa al desdoblamiento en los vocativos (enunciar: mexicanos y mexicanos; todas y todos; diputadas y diputados, etc.) es un concepto denunciado por todas las Academias en el DPD (1985), no solo la española como circula ahora en las redes sociales. Es una práctica contraria al estilo fluido y sencillo al escribir. Es demasiado ampuloso y da retorcimiento e inseguridad para la conjugación y calificación de términos. La tendencia actual es hacia la sencillez, no hacia el retorcimiento en la forma de expresar. Por esa, los mensajes de radio de las cámaras de Senadores y de Diputados (esta última, tanto federal como local) son retorcidos. Rematar con «Cámara de senadores y senadoras» es innecesario porque ese no es su nombre. Lo mismo cuando se escucha «Las diputadas y los diputados hemos…». Reprobable que quienes dictan leyes no acaten las existentes para el idioma.

De igual forma, la exención de tilde en los pronombres demostrativos (ese, este aquel, con sus femeninos y plurales) es un acuerdo de las treinta y tres Academias. Ello pretende evitar la eterna necesidad de clasificar las palabras (si es pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo) para saber si llevan o no tilde. Entonces, su propósito es facilitar al usuario del idioma la ortografía y no imponer una norma.

Es decir, no son imposiciones. El propósito es facilitar al usuario del idioma el manejo lo más sencillo posible.


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